Según el análisis del docente Pedro Jurado, la violencia política destruye la participación democrática, genera desconfianza ciudadana y justifica el uso excesivo de la fuerza estatal.
A un año de las elecciones presidenciales en Colombia, el país enfrenta un escenario político marcado por el recrudecimiento de la violencia, una creciente polarización y la falta de garantías para el ejercicio democrático.
Según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre mayo de 2024 y mayo de 2025 se registraron 128 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, una reducción frente a los aproximadamente 150 casos reportados en el mismo periodo previo a las elecciones de 2022.
No obstante, el panorama es más alarmante: la gravedad de los hechos ha aumentado, con un crecimiento del 400% en los secuestros y un incremento en los homicidios contra candidatos y actores políticos.
Santiago Franco, docente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, advierte que Colombia está fracturada en “dos grandes realidades”: una que aparenta estabilidad en ciudades como Bogotá y Medellín, y otra que concentra mayores riesgos en las regiones.
“Sin embargo, tanto Medellín como Bogotá han sido catalogadas por la MOE como zonas de riesgo electoral. El reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha encendido las alertas incluso en estos centros urbanos”, subrayó Franco. Para el docente, el país enfrenta un serio déficit de garantías para los candidatos, y esa será una de las principales tareas del Estado de cara al 2026: “Si una persona no siente garantías para hacer campaña, no lo va a hacer. Eso deja el juego político en manos de las élites o de quienes ejercen violencia”.
Las preocupaciones también se extienden a la estructura institucional. El reciente anuncio del director de la Policía Nacional sobre la creación de un Centro de Inteligencia Electoral plantea dudas. “Estas instituciones pueden ser útiles solo si son independientes, bien financiadas y libres de corrupción”, afirma Franco.
Agrega que esta crisis no es exclusiva de Colombia, sino parte de un fenómeno regional que responde al desbordamiento del mercado de drogas y el debilitamiento del control estatal en territorios históricamente disputados. Pedro Jurado, coordinador del programa de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, contextualiza el momento actual como una nueva etapa en la historia de la violencia política en Colombia.
“Lo ocurrido recientemente, con un ataque directo a una figura opositora, no solo revive viejas heridas, sino que también produce efectos devastadores en el sistema democrático. La violencia política destruye espacios de participación, genera desconfianza ciudadana y justifica el uso excesivo de la fuerza estatal, perpetuando los ciclos de violencia”, explicó Jurado.
Los expertos coinciden en que esta violencia sin rostro, sin autores identificados ni móviles claros, es uno de los mayores desafíos actuales. “En los 80 sabíamos quién atentaba y qué buscaba. Hoy no sabemos a quién señalar ni qué intereses hay detrás. Eso genera desorientación social y política”, señala Franco.
Esta incertidumbre se profundizó con la ausencia de partidos opositores en la reciente reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, en la que evidenciaron su desconfianza frente a las garantías ofrecidas por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Para Santiago Franco, el proceso de “Paz Total” propuesto por el Gobierno ha sido percibido por algunos grupos armados como un mensaje de debilidad institucional.
“El Gobierno ha intentado equilibrar la oferta de diálogo con el uso de la fuerza, pero no ha sido suficiente. Por primera vez en décadas se nombra un ministro de Defensa de línea militar, un giro que busca mostrar mano dura”, dijo el docente.
La antesala electoral para 2026 en Colombia se inaugura con incertidumbre, miedo y muchas preguntas sin respuesta. La ciudadanía, los partidos políticos, los medios y las instituciones educativas tienen ahora el desafío urgente de reconstruir confianza, proteger el pluralismo y asegurar un proceso democrático transparente y libre de violencia.
