Para el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín, Jorge, Jaramillo, el aumento del salario debe estar entre el 5 y el 6%.
El pasado martes 3 de diciembre inició formalmente la discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2025 en Colombia. Las mesas de concertación entre el Gobierno Nacional, empresarios y sindicatos buscan definir una cifra que equilibre las necesidades de los trabajadores, la productividad laboral y la sostenibilidad económica de las empresas. En este contexto, Jorge León Jaramillo Molina, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín, destacó los principales factores que influirán en la decisión.
Según Jaramillo, el aumento del salario mínimo debe considerar principalmente la inflación proyectada para 2025, que el Banco de la República estima en un 3%. Aunque este año se prevé cerrar con una inflación de entre el 5% y el 6%, el decano explicó que “el incremento salarial no se calcula con la inflación del año en curso, sino con la proyectada para el próximo año”.
Por lo tanto, de acuerdo con el decano, un aumento entre el 5% y el 6% sería razonable, generando una mejora en la capacidad adquisitiva sin desbordar las dinámicas económicas.
“Un incremento por encima del 6% podría desencadenar mayores costos de producción para las empresas y, en consecuencia, un alza en los precios de los productos básicos, lo que afectaría principalmente a las clases más vulnerables”, advirtió el economista.
Las expectativas de los actores en la negociación continúan divididas; por un lado, se encuentran los sindicatos, al otro los empresarios y en medio El Estado. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aboga por un incremento de dos dígitos, argumentando que “la brecha salarial debe reducirse”. Este pedido se basa en las cifras de productividad laboral del Dane, que muestran un crecimiento del 3,43% por hora trabajada y del 1,76% por persona empleada.
Entre tanto, los empresarios, representados en gremios como la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y Fedesarrollo cuestionan la metodología del Dane y sostienen que las cifras presentadas no reflejan adecuadamente el contexto económico actual. Según ellos, el crecimiento económico del 1,6% y el incremento del empleo del 0,7% sugieren que la productividad real es cercana al 0,9%.
Por su lado, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, enfatizó que se busca un acuerdo basado en datos sólidos y consensuados. “Este miércoles 4 de diciembre revisaremos las cifras presentadas por el Dane para construir el primer dato oficial con el que avanzar en la concertación”, afirmó.
Sobre esta situación, el decano advirtió que, aunque los trabajadores buscan mayores ingresos, “un aumento salarial desproporcionado podría impactar negativamente en la inflación, especialmente en productos indexados al salario mínimo, como algunos de la canasta básica”. Sin embargo, también reconoce que es crucial reconocer el esfuerzo de los trabajadores y mitigar la pérdida adquisitiva acumulada en los últimos años.
“Es una negociación compleja que debe equilibrar los intereses de las empresas, la rentabilidad administrativa y el bienestar de los empleados. Mi percepción es que el aumento no debería superar el 6%, pues, aunque los sindicatos solicitan más del 10%, esto podría generar desequilibrios económicos significativos”, dijo Jaramillo.
Las negociaciones continuarán con reuniones técnicas y consultas entre los actores hasta el 30 de diciembre. De no alcanzarse un acuerdo, será el Gobierno quien determine el aumento final, teniendo en cuenta las proyecciones de inflación y productividad, así como las necesidades del mercado laboral.
