La reforma propone alzas en IVA, impuestos al patrimonio y sobretasa financiera.
En medio de un contexto fiscal complejo, el Gobierno presentó una nueva reforma tributaria destinada a recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a 557 billones de pesos, cifra récord. El panorama se complejiza: el déficit fiscal para 2025 ha subido del 5,1 % al 7,1 % del PIB, mientras que para 2026 se prevé un 6,2 %. El anuncio reactiva un debate de fondo sobre la sostenibilidad del endeudamiento, el impacto en los hogares y la participación democrática en decisiones fiscales.
Entre las medidas clave del proyecto se incluyen aumentos del IVA en combustibles, licores, apuestas, servicios digitales y hospedaje para no residentes; además, se propone elevar la sobretasa para instituciones financieras del 40 % al 50 %, gravar el patrimonio desde los 2.000 millones de pesos con una tasa del 1,5 %, e incrementar impuestos ambientales como el carbono y el petróleo.
Robert Ng Henao, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín, calificó la reforma como “irresponsable” y advirtió que “Colombia no soporta ni un solo peso más de tributo”. Resaltó que esta sería la más ambiciosa en los últimos 15 años y cuestionó cómo se puede pretender recaudar 26,3 billones más con un presupuesto récord de 557 billones, más del doble del aplicado en plena pandemia.
Ng Henao también alertó sobre el término de “dictadura fiscal”, que definiría el recurso del Gobierno a aprobar el presupuesto por decreto si no lo consigue en el Congreso. Esto ocurriría bajo un contexto donde las comisiones económicas debaten una propuesta alternativa que reduzca el presupuesto en 40 billones, particularmente disminuyendo órdenes de prestación de servicios y contratos en nómina.
Respecto a los combustibles, el decano advirtió: “El IVA actual del 5 % ya está implícito en el precio pagado por el consumidor, y la reforma impondría un sobrecosto adicional. No solo afectará a los más adinerados, sino a toda la población, porque tendrá un impacto directo en la canasta familiar y en sectores como la gastronomía, el entretenimiento y la cultura, con aumentos de costo que podrían llegar al 60 % en algunos casos”.
Sobre el contexto político, Ng Henao señaló que, a menos de un año para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, “el ánimo del Congreso para aprobar esta reforma es nulo”. También recordó que, si el proyecto no pasa, el Gobierno podría imponerlo por decreto, replicando lo ocurrido en 202
En síntesis, la propuesta enfrenta dos tensiones críticas: por un lado, el imperativo de recaudar frente a un desajuste fiscal grave; por el otro, el temor de que la reforma afecte directamente el consumo, la inversión y la legitimidad democrática. El Congreso, que debe decidir antes del 15 de septiembre, tiene ante sí un endurecido camino de balancear la urgencia fiscal con el bienestar y la confianza ciudadana.
