El análisis lo hace Diego Araque, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.
Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes busca reformar el Código Penal y la Ley de Infancia y Adolescencia, con el fin de que los jóvenes entre 14 y 17 años puedan ser juzgados como adultos si cometen delitos graves como homicidio, terrorismo, secuestro y abuso sexual.
La propuesta, que revive un debate recurrente en el país, ha generado discusión sobre la efectividad de endurecer las penas para la población juvenil y si la respuesta punitiva es la solución a la delincuencia.
Según el profesor Diego Araque, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil no es nueva.
“El debate principal sobre este tema no es actual, sino que viene de años atrás”, explicó el docente.
Araque señaló que la discusión se centra en si los menores de 18 años deben responder penalmente de la misma forma que los adultos, especialmente considerando que la Ley 1098 de 2006, o Código de Infancia y Adolescencia, establece un sistema de responsabilidad penal juvenil con fines pedagógicos, distintos a los del sistema ordinario.
Con este panorama, para que esta propuesta prospere, el camino es claro: se debe reformar dicha ley.
“El camino sería reformar la ley que es el Código de Infancia y Adolescencia y esa ley establece las normas especiales en lo que tiene que ver con las sanciones”, afirmó Araque.
Cualquier cambio de esta índole debe ser tramitado en el Congreso de la República, siguiendo el proceso legislativo que establece la Constitución. El profesor resaltó que no es la primera vez que se intenta una reforma de este tipo.
Desde su perspectiva como abogado y docente, Araque expresó su escepticismo sobre el endurecimiento de las penas como solución a la criminalidad. Para él, es una política que ha estado muy presente en Colombia, pero que podría ser errada.
“Desde el punto de vista de la política criminal podría conducir a una política errada en el sentido de hacer creer que mediante el endurecimiento de las penas efectivamente se va a desestimular, trátese de mayores o menores de edad, la realización de conductas o comportamientos delictivos”, concluyó.
