La Universidad de Medellín y el CELEAM asesoraron a los habitantes para esta demanda que fue admitida por el Consejo de Estado.
El mar se está tragando la playa en donde la comunidad Twuliá de Riohacha ha vivido tradicionalmente. La pesca mermó, los cultivos se pierden con la llegada del agua y muchos habitantes se han tenido que desplazar.
“Ha sido una erosión costera al máximo nivel, de tiempo permanente, eso está arrasando de una magnitud de terreno impresionante y lo digo porque tomo medidas cada 5 días y se nota toda la erosión, lo que se lleva el mar por segundos, por días y eso es las 24 horas del día”, cuenta de manera desesperada, Clarena Fonseca, lideresa de la zona La Cachaca III, en donde ocurre el fenómeno de erosión costera que le está arrebatando la tranquilidad a ella y a todas las familias que habitan en este caserío, vecino del mar Caribe.
Ella y su comunidad Wayuú advirtieron de la situación desde 2005 pero han visto cómo entre 2009 y 2023 todo empeoró. Así es que buscaron ayuda, la cual llegó hasta una acción de tutela que ya está en manos del Consejo de Estado.
Clarena y demás habitantes demandaron al presidente Gustavo Petro, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Ambiente y otras entidades, ante la falta de acciones contundentes para atender la problemática de la erosión costera cuyos impactos están afectando su territorio, la pesca, los cultivos y por la amenaza inminente de desplazarlos.
La demanda, que fue admitida recientemente por el Consejo de Estado, contó con la asesoría conjunta de la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín, la docente de la Facultad de Ingenierías, Erika Castro y la docente de la Facultad de Derecho Paola Cataño y el CELEAM (Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales).
“Con esta acción de tutela se busca que las autoridades ambientales y las autoridades del sistema de gestión del riesgo nacional y desastres asuman las responsabilidades que tienen por ley y de atender no solo como una acción reactiva y de emergencia lo que está sucediendo sino también atender a los planes y programas que existen sobre erosión costera que en este momento no se han ejecutado justamente en esta zona del municipio de Riohacha”, explicó Erika Castro, profesora de la Facultad de Ingenierías de la UdeMedellín.
De acuerdo con la docente, el Consejo de Estado ya admitió esta demanda (en la semana del 15 al 18 de enero de 2024). “La legislación colombiana establece 10 días hábiles de resolución de las acciones de tutelas y estaríamos hablando de una posible sentencia a finales del mes de enero o principios de febrero”, detalló.
Clarena está esperanzada en que esta vez su voz sea escuchada y no ocurra como sucedió el año pasado cuando la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres prometió intervenciones que hoy solo son palabras.
“Esto es un daño ecológico para una comunidad pescadora, es un daño social y cultural. No es solo pérdida de costa para los Wayuú sino para Colombia y queremos que a través de la demanda se dé una solución y tratamiento a los daños, sabemos que esto ocurre desde siempre pero nos tenemos que adaptar y las entidades competentes tienen que ayudar”, expresó Clarena.
De ser favorable la sentencia sería un hito jurídico para el país, frente a una situación que está afectando las zonas costeras en Colombia debido al cambio climático.
“Para el país implicaría un hito importante en términos de litigio de casos que tienen que ver con asuntos de la crisis climática; un hito porque sería el primer caso donde se va discutir lo que está sucediendo con la erosión costera en el país, sobre todo en el Caribe y la situación de las comunidades indígenas que están siendo afectadas por este impacto directo del cambio climático”, concluyó la docente de la Universidad de Medellín, Erika Castro, quien destacó que todo esto avanzó gracias a la asesoría que la Institución le presta a la comunidad y como ha venido ocurriendo con otras situaciones en el país como la afectación a la movilidad humana tras el huracán Iota en San Andrés.
Encuentre aquí más recursos de contexto sobre esta problemática, proporcionado por la Universidad de Medellín.
