El desafío no es solo recaudar más y gastar menos, sino garantizar un ajuste fiscal sostenible y equitativo. Análisis de docente UdeMedellín.
La propuesta de Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno nacional abrió un nuevo debate sobre el futuro de las finanzas públicas de Colombia:
¿cómo reducir el déficit fiscal, recuperar la confianza económica y estimular la inversión sin aumentar la presión tributaria sobre los ciudadanos? La iniciativa, radicada el 29 de octubre ante el Congreso de la República como Proyecto de Ley 477 de 2026, contempla 106 artículos que combinan recortes al gasto estatal, modificaciones tributarias, incentivos empresariales y mecanismos de devolución del IVA a los hogares de menores ingresos.
Para Robert Ng Henao, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín, el proyecto parte de un diagnóstico fiscal necesario, pero su principal desafío está en la distribución del esfuerzo que propone y en sus posibles efectos sobre la economía de los hogares.
La preocupación por el estado de las finanzas públicas tiene cifras de fondo. Según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el déficit fiscal podría alcanzar el 7,8 % del producto interno bruto (PIB) en 2026 y llegar al 9,5 % en 2027. Estas estimaciones advierten sobre la necesidad de adoptar medidas que permitan estabilizar la deuda y recuperar la sostenibilidad fiscal. En ese sentido, el Gobierno plantea un ajuste que incluye la reducción del gasto de funcionamiento, la disminución de contratos por prestación de servicios y una reorganización de la estructura estatal. También propone reducir el impuesto de renta empresarial del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, con el propósito de mejorar la competitividad y estimular la inversión.
Entre los aspectos que el docente reconoce como positivos está precisamente la intención de introducir medidas de austeridad en el Estado y revisar su estructura administrativa. También destaca el mecanismo EfectIVA, mediante el cual el Gobierno propone devolver el impuesto al valor agregado a 19 millones de personas de menores ingresos, con un beneficio promedio estimado de $231.000 mensuales. Para el académico, si este mecanismo logra implementarse de manera efectiva y oportuna, podría contribuir a que la reforma tenga un efecto redistributivo y proteja a los hogares más vulnerables. Sin embargo, advierte que el balance de la iniciativa no puede medirse únicamente por sus objetivos, sino por la manera en que se distribuyen las cargas entre los distintos sectores de la población.
Uno de sus principales cuestionamientos está en la composición del ajuste fiscal. Aunque el Gobierno sostiene que cerca del 70 % del esfuerzo provendría de la reducción del gasto público, Ng Henao considera que, al revisar el efecto neto de las medidas, el recorte efectivo del gasto tendría un peso cercano al 20 % en 2028.
Esto significa que la propuesta tendría un componente tributario más significativo de lo que su presentación inicial sugiere. A su juicio, uno de los grupos que podría sentir con mayor fuerza sus efectos sería la clase media, especialmente por la ampliación de la base del IVA y los cambios en el impuesto de renta de las personas naturales. El proyecto contempla que, desde 2028, varios bienes y servicios que actualmente están excluidos o exentos pasen a estar gravados con una tarifa del 19 %, mientras que determinados hogares recibirían compensaciones mediante la devolución del impuesto.
El docente también advierte sobre los riesgos de implementación. La devolución del IVA, explica, tendría que funcionar con precisión y oportunidad para evitar que la ampliación del impuesto termine afectando proporcionalmente más a quienes destinan una mayor parte de sus ingresos al consumo.
A esto se suman posibles efectos sobre el empleo formal, debido a la modificación de las exoneraciones de aportes parafiscales y de salud, así como los riesgos de contrabando asociados al incremento de los impuestos a licores y cervezas. En su análisis, también resulta necesario evaluar el costo fiscal de reducir la tributación empresarial frente a los nuevos ingresos que se esperan obtener.
El contexto económico añade complejidad a la discusión. De acuerdo con las cifras disponibles del Banco de la República, la inflación anual se ubicó en 6,3 % en octubre de 2026, mientras que la tasa de interés de política monetaria se mantiene en 12,25 %. Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó una tasa de desempleo nacional del 8 % en septiembre. Para Ng Henao, aunque estos indicadores muestran algunos avances en materia laboral, el costo de vida y las condiciones de financiamiento
siguen representando desafíos para los hogares. Por eso, considera que el país necesita un ajuste fiscal, pero advierte que su oportunidad y distribución son determinantes: «Los colombianos aguantan un ajuste que empiece por el Estado, lo que no aguantan es otra alza que sienten injusta en términos de tributos».
El futuro de la iniciativa también dependerá de su trámite en el Congreso. El proyecto enfrenta reparos de diferentes sectores políticos, especialmente frente a los cambios en el IVA y la carga tributaria. Al 11 de noviembre, las discusiones legislativas se concentran, entre otros asuntos, en la definición de las comisiones que estudiarán la propuesta y en la designación de sus ponentes.
El calendario es exigente: las sesiones ordinarias están previstas hasta el 16 de diciembre, por lo que el Gobierno deberá avanzar en acuerdos para lograr que la iniciativa complete su trámite. El debate ya empieza a mostrar diferencias entre la propuesta del Ejecutivo y las alternativas planteadas por algunos partidos, que priorizan mayores recortes a la estructura estatal y cuestionan los nuevos impuestos al consumo.
Frente a este escenario, el docente considera que el texto original difícilmente avanzaría sin modificaciones. Entre los posibles ajustes identifica una mayor participación de los recortes al gasto público, la exclusión del IVA a los alimentos y una revisión de los impuestos a licores y cervezas. También advierte que algunas propuestas alternativas, como la venta de activos públicos, pueden generar ingresos extraordinarios, pero no necesariamente resolver un déficit estructural que requiere soluciones permanentes.
La discusión sobre esa ley de rescate fiscal, en últimas, trasciende las cifras de recaudo y los porcentajes de tributación. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la responsabilidad fiscal, la competitividad empresarial, la protección del empleo y la capacidad económica de los hogares. Para Robert Ng Henao, el país necesita recuperar la sostenibilidad de sus finanzas públicas, pero también garantizar que ese propósito no termine debilitando el consumo, la formalidad y la confianza de los ciudadanos. La pregunta central no es solamente cuánto necesita recaudar Colombia, sino cómo hacerlo de manera sostenible, equitativa y compatible con el crecimiento económico.
